EE. UU. inicia intervención militar en América Latina
A continuación compartimos una traducción no oficial realizada por el periódico colombiano Nueva Democracia de un artículo publicado por el medio brasileño A Nova Democracia.
En medio de la creciente disputa imperialista con China y Rusia, Estados Unidos inició hoy (14 de agosto) una nueva intervención militar en América Latina, con el envió de fuerzas navales y aéreas al Mar del Caribe Meridional. La operación, justificada oficialmente como una «guerra contra las drogas», tiene como blanco principal las zonas cercanas a Venezuela y Colombia, pero suscita preocupación por la injerencia extranjera, las violaciones de la soberanía y la represión de los movimientos populares en la región.
En una escalada de acciones para reafirmar su dominio en América Latina frente a las disputas con China y Rusia, Estados Unidos (EE.UU.) inició hoy una nueva intervención militar en América Latina, con el envío de fuerzas aéreas y navales Mar del Caribe Meridional. La acción, anunciada a principios de semana, afectará principalmente las inmediaciones del territorio venezolano y colombiano.
La política incluye el envío de buques y aviones de guerra para vigilancia y presencia militar en el Caribe y las fronteras; el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro; y peticiones del FBI a las policías locales para incluir posibles sospechosos ligados a cárteles en listas de monitoreo antiterrorista.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que cooperará con las operaciones, pero «sin sumisión ni invasión». Son palabras que intentan disfrazar una práctica de capitulación ante el imperialismo. Esta misma semana, Sheinbaum aprobó la deportación de prisioneros mexicanos buscados por EE. UU. A territorio yanqui por segunda vez este año. Los presos trasladados son miembros de cárteles, pero no se descarta que en el futuro la medida se amplíe a otros grupos, incluidos los políticos.
La intervención militar se describe superficialmente como parte de la «guerra contra las drogas», pero hace parte de un plan más profundo de agresión contra países semicoloniales. Los grupos de narcotraficantes utilizados para justificar la intervención, como el Cártel de Sinaloa (México), el Tren de Aragua y la MS-13 (Venezuela) han sido clasificados por el gobierno como «terroristas», una nomenclatura utilizada a menudo por los yanquis para atacar a sus opositores.
El año pasado, Ecuador llevó a cabo una intervención militar en el país apoyada por el imperialismo yanqui bajo la misma justificación, pero con el propósito real de reprimir los derechos básicos del pueblo. Los resultados fueron invasiones de viviendas, ejecuciones sumarias de inocentes y otras violaciones.
El viejo plan yanqui contra los pueblos: nuevas caras, misma dominación
Según fuentes ligadas al New York Times (NYT), que publicó el 11 de junio un reportaje sobre el permiso de Trump para la intervención, el presidente yanqui presionó al Departamento de Defensa y al Comando Sur para que autorizaran misiones clandestinas de unidades de élite , como los Navy SEALs y los Boinas Verdes, en países como Venezuela, Colombia, Bolivia e incluso zonas de Brasil.
Las órdenes, aunque no condujeron a una ocupación abierta, sentaron dudosos precedentes jurídicos para la actuación extraterritorial de tropas estadounidenses, sin el pleno consentimiento de los gobiernos locales o con un consentimiento negociado en secreto con sectores militares y de las clases dominantes locales. En algunos casos, las fuerzas especiales han operado en misiones de inteligencia, infiltración y sabotaje contra grupos armados ligados al narcotráfico, pero también contra milicias y movimientos populares tachados genéricamente como “amenazas a la estabilidad regional”.
El plan de fondo de estos movimientos es la creciente influencia de China y Rusia en América Latina. Mientras Pekín consolida su presencia mediante inversiones en infraestructuras y acuerdos comerciales billonarios, Moscú refuerza sus lazos militares y estratégicos con países como Venezuela y Nicaragua. En respuesta, los imperialistas yanquis refuerzan una vez más la vieja doctrina Monroe de “América para los americanos”.
La vieja farsa de la guerra contra las drogas vuelve bajo un nuevo disfraz y con el mismo objetivo: el control imperialista
A pesar de la retórica oficial, Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado consumidor de drogas del mundo. Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) revelan que alrededor del 90% de la cocaína producida en América Latina se consume en territorio yanqui o se exporta a través de redes que tienen vínculos directos con bancos, empresas de fachada y canales de lavado de dinero dentro del propio sistema financiero yanqui.
Históricamente, la llamada «guerra contra las drogas» ha servido para justificar intervenciones militares como la de Panamá en 1989, el fortalecimiento de las fuerzas represivas locales y la criminalización de los movimientos campesinos y populares. El caso más emblemático fue el Plan Colombia, que comenzó en la década de 2000 e inyectó billones de dólares en el país con el pretexto de combatir el narcotráfico, pero que sirvió, en la práctica, para atacar a las guerrillas y consolidar el control del imperialismo yanqui sobre bases militares estratégicas.
Varios estudios e investigaciones independientes demuestran que la llamada «guerra contra las drogas» es en realidad altamente rentable para sectores específicos. Grandes bancos internacionales como el HSBC ya han sido multados por lavar miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. En Estados Unidos, las prisiones privadas, financiadas por grupos de lobby, se lucran del encarcelamiento en masa de pequeños traficantes y consumidores de drogas, en su mayoría negros y latinos.
Además, segmentos de las clases dirigentes latinoamericanas también se lucran del narcotráfico, ya sea facilitando rutas, blindando a aliados políticos o cooperando con agencias de inteligencia extranjeras.
Internamente, estas acciones también cuestionan los límites del poder presidencial en Estados Unidos, ya que, según expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Trump ha ordenado operaciones sin pasar por el Congreso, desoyendo la Resolución de Poderes de Guerra.
