Brasil: atentado contra el MST demuestra la urgencia de la autodefensa campesina
A continuación compartimos una traducción no oficial de un artículo publicado por A Nova Democracia. Ayer informamos sobre el asesinato mencionado en este artículo.
La cobarde ejecución del líder campesino Valdir do Nascimento (Valdirzão) y de los campesinos Gleison Barbosa de Carvalho y Denis Carvalho, entre ayer y hoy, en una operación típica de las hordas paramilitares bolsonaristas, demuestra que la lucha por la tierra ha entrado en una nueva dinámica.
El asentamiento asaltado por hordas paramilitares estaba consolidado en la ciudad de Tremembé. Esto no sirvió como elemento disuasivo. Los paramilitares entraron dispuestos a ejecutar a cuantos fuera necesario: según los informes, todos los disparos fueron en la cabeza, y después de matar a los dos campesinos e herir a otros (uno de ellos murió en el hospital), aún realizaron búsquedas en los alrededores para eliminar testigos. La zona ha sido objeto de especulación inmobiliaria durante algún tiempo.
Asumir que el gobierno actual puede ofrecer seguridad a las masas campesinas es, en el mejor de los casos, ingenuo y, en el peor, un crimen político. Este gobierno sólo permanece en el Palacio do Planalto porque se apoya con la dirección del Congreso Nacional, vinculada a oligarquías terratenientes locales y regionales y debidamente agrupados en el Frente Parlamentario del Agro. Formalmente, abarca un total de 340 parlamentarios, 290 diputados y 50 senadores. Esto significa que, oficialmente, el latifundio políticamente articulado controla el 56,5% de la Cámara de Diputados y el 61,7% del Senado. Controlan el legislativo: a través de él el latifundio controla a este gobierno, el cual no sólo acepta su estricto control, sino que también se ofrece voluntariamente a él, argumentando que, de no ser así, sería imposible gobernar. Y así gobierna, pero gobierna enteramente para ellos y sólo mientras sea conveniente para la reacción. La economía, centrada en el agronegocio por elección política de este gobierno y de todos los anteriores desde finales de los años 1990, también refuerza la fuerza de los terratenientes en el Poder político, y al aumentar el flujo de capital para el sector agropecuario, sólo aumenta el precio de la tierra y fomenta el latifundio para expulsar a las masas de sus tierras de maneras cada vez más violentas.
No es por desatención que el gobierno no hizo ni hará nada por la fallida reforma agraria. El gobierno ha cerrado su posición con el “agronegocio” y con él vienen las hordas paramilitares, es el paquete completo. De esta manera, volvemos a lo obvio: asumir que el gobierno puede ofrecer seguridad a las masas campesinas es, en última instancia, un crimen político.
En octubre de 2024, la Liga de Campesinos Pobres (LCP) emitió un comunicado en el que destacaron que “en 2023, en una declaración pública alertamos a los campesinos de todo el país y los llamamos a defender su derecho a la tierra con las armas en las manos”. En ese momento, el movimiento se manifestaba con motivo de la Batalla de Barro Branco, en Jaqueira, Pernambuco, cuando campesinos apoyados por la LCP y organizados en autodefensa armada expulsaron a más de 50 paramilitares del Movimiento “Invasão Zero”, resultando herido el presidente estatal de esta banda y otros pistoleros.
O los campesinos, indígenas y quilombolas organizan su autodefensa y avanzan con la Revolución Agraria para destruir el latifundio, o serán exterminados por bandas paramilitares bolsonaristas a sueldo del latifundio del “agronegocio”.
