Brasil – ‘guerrilla en curso en Rondônia’: bolsonaristas intentan demonizar a la LCP para acabar con el derecho a la lucha por la tierra
A continuación compartimos una traducción no oficial de un artículo publicado por A Nova Democracia (AND).
El asesinato de un campesino y la destrucción de estructuras en un campamento de la Liga de los Campesinos Pobres (LCP) el día 8 de agosto fue seguido de una ofensiva digital de militares bolsonaristas en las “redes sociales”. Sin ninguna fundamentación, el comandante general de la Policía Militar (PM) Régis Braguin y el coronel del Ejército reaccionario Fernando Montenegro publicaron vídeos tachando el movimiento campesino de “guerrilla armada”, “organización criminal” e “insurgencia rural”, con el objetivo claro de crear una cortina de humo para ocultar la operación ilegal del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) en la Área Valdiro Chagas, en Machadinho d’Oeste, y justificar nuevos ataques.
En vídeos publicados recientemente, el policía e influencer digital Braguin afirma haber “neutralizado un terrorista de la LCP”, jactándose de un asesinato sumario y clasificando el movimiento como “organización criminal armada que se disfraza de movimiento social”. En los vídeos, él muestra munición de calibre .762 y armamentos que afirma que son parte del “arsenal de guerra” del movimiento campesino.
“¿Ustedes saben qué munición es esta de aquí? Es una munición 762, usada por el Ejército para una guerra”, introduce Braguin. “Fuese esa munición la que nuestra tropa del BOPE encontró hoy en una intervención policial en una hacienda invadida por el grupo de criminales armados conocidos como Liga de los Campesinos Pobres, que en verdad usa el lema Muerte al terrateniente en el estado de Rondônia”. “El trabajo de inteligencia verificó que esa hacienda tras la invasión fue preparada con estructuras de guerrilla, y paso a caracterizar como la LCP usa estrategias de guerrilla: en los accesos ponen garitas elevadas para labores de vigilancia de centinelas, accesos terrestres demarcados con posicionamientos de barricadas, hasta la casa que sirve como alojamiento de ese grupo, formando así un territorio de guerrilla para dificultar e impedir la intervención del Estado a través de la policía”. “Nos encontramos diversos calibres como 762, .30, 9mm, .40, entre otros”, concluye Braguin.
Braguin, que se presenta como portavoz de la justicia absoluta, no tarda en revelar su siniestra cara. En un vídeo publicado en su Instagram, es posible ver una pieza de propaganda macabra de un coche andando en la oscuridad con una música de fondo, con voz infantil, que dice: “Uno, dos, no mires atrás; tres, cuatro, correr ya no es útil; cinco, seis, es tu turno; Siete, ocho, nueve, diez, tirará de su pies”. Al final del video, un coche muestra policías con aspecto de drogados. Braguin no se satisface con el vídeo y, en la descripción del post, dice además: “No estamos solamente en las calles. Estamos cazando”. No consta que la misma constitución brasileña prevea, como atribución de la fuerza policial, cazar hombres, pero el comandante general no tiene mucho apego por ese documento. Al final, él es el mismo que reconoce no obedecer el Derecho de su propio Estado que afirma ser defensor: el 18 de mayo, él dijo “para mi, la LCP debería ser tipificada como terrorista; el Derecho no prevé eso, que es una pena, pero así siendo, en la actuación policial ya vamos con esta lectura”.
En otro vídeo, el comandante general de la Policía Militar (PM) de Rondônia (RO) aparece al lado del director ejecutivo de APROSOJA-RO, Victor Paiva, en la ocasión en la que el terrateniente revela que existe una “colaboración público-privada” entre él y el coronel para realizar un programa llamado “Seguridad Rural”. No es de extrañar, por tanto, que esté en curso, en RO, una tentativa de anular el derecho de la lucha por la tierra, tentativa llevada adelante por la vía de las armas, de las tropas policiales y de la masacre, con las temibles leyes reaccionarias. El programa transforma a las tropas policiales en tropas bajo el mando directo del latifundio y su trabajo inconstitucional por los terratenientes como tropa de seguridad interna de los latifundios, en cuanto a las tierras públicas de Rondônia son robadas y acaparadas por los terratenientes ladrones. La APROSOJA-RO, dígase de paso, es una entidad bolsonarista, que en otros lugares de Brasil, está ligada al financiamiento de agitaciones golpistas en 2022. Braguin impone una tropa policial como enemiga armada de las masas campesinas sin ni siquiera cubrirse.
El propio Braguin es conocido por no respetar el código militar, y ni siquiera la constitución. En Instagram, el comparte cotidianamente publicaciones favorables a políticos bolsonaristas como Ronaldo Caiado. En un vídeo, él llega a saludar al gobernador y presentarse como “fan número 1 del señor”. En otro post, él aparece al lado del gobernador de Rondônia, Marcos Rocha, y de Ronaldo Caiado, anunciando a Caiado como “precandidato a la Presidencia de la República”, que “representa una esperanza de un cambio real y necesario para Brasil”. Según el código militar, los policías tienen prohibido participar de actos políticos.
Montenegro, por su parte, se dedica a mezclar la carrera militar con la de “coach”, donde él dice “desarrollar un mindset Fuerzas Especiales”, publicó un texto en su blog personal además una serie de vídeos utilizándose conceptos manipulados, acusando a la LCP de promover “insurgencia criminal” y “guerra híbrida” financiada por supuestas “fuerzas extranjeras”, las cuáles él convenientemente, no menciona. En el blog, cita términos como “lawfare” [uso del Derecho como arma de guerra] para insinuar que el movimiento tendría “respaldo del poder judicial” para “invadir tierras”, pero en la práctica lo que ocurre es justamente lo contrario: decisiones judiciales histórica y sistemáticamente legitimando desalojos ilegales y robos de tierras del Estado.
En Instagram, el sinvergüenza fue más allá. “Esta no es una invasión común”, escribió él en la leyenda de un vídeo, donde dice que el campamento era una “base de guerrilla” en el que la LCP está en una de las primeras fases de lo que él llamó “guerra irregular” o insurgencia. “Ellos ya están en una primera fase de preparación, usando armas pesadas y están en una transición peligrosa para la segunda fase de la guerrilla, con garitas, barricadas y reclutamiento”, dice el militar coach.
En otro vídeo, Montenegro intenta plantear un supuesto histórico de la LCP, acusando al movimiento de “dominar áreas” y “actuar como un grupo armado con garitas y hacer emboscadas”. “Lo más peligroso es que ellos quieren crear zonas libres donde el Estado no actúa”, completa el coronel.
Fernando Montenegro no solo se dedica a demonizar el movimiento campesino, sino que también se presenta como “kid preto”: en su tiempo libre, se dedica a propagar el caos y a contribuir con las sanciones económicas estadounidenses contra su propio país. En un video, con sonidos apocalípticos, sugiere que las sanciones estadounidenses contra Brasil tendrán efectos catastróficos porque el gobierno brasileño “está desafiando” al gobierno estadounidense, al igual que lo hacen “países como Venezuela e Irán”: “Me parece que los efectos de la aplicación de esta ley pueden derrocar al actual gobierno o causar una guerra civil, ¿estás de acuerdo?”, en una pregunta que suena entre la duda y el deseo. “La lección es que Brasil, por su dependencia, no tiene condiciones de resistir” a las sanciones, dice el sinvergüenza, al estilo de las “milicias digitales” del capitán del arbusto, sugiriendo que o Brasil libera a su presidente Bolsonaro de una condena, o no habrá lugar para nuestra nación en este mundo.
La prensa reaccionaria de Rondônia se han apresurado en amplificar las acusaciones. Portales como “Tudo Rondonia” publicaron titulares como “Grupo criminal usa armamento de guerra para enfrentar a la PM”, dando eco al discurso oficial sin presentar pruebas u oír a la parte de los acusados. La línea editorial no es casual y refuerza la simbiosis entre sectores de la prensa local y el latifundio, principal mandatario de estas masacres disfrazadas de operaciones policiales.
Respuesta contundente
La respuesta de la LCP fue contundente. “No nos intimidarán. La Liga de los Campesinos Pobres está formada por obreros que se levantan contra siglos de opresión. Somos lo que más temen: el pueblo organizado”, dijo la Comisión Nacional del movimiento.
El movimiento también denunció que la acción de la PM ocurrió después de varios ataques de pistoleros pagados por el latifundio, y acusó a los militares de “sustituir a los pistoleros y hacer ellos mismos el trabajo sucio de pistolerismo por orden de los terratenientes ladrones de tierra”.
“Pero esto no es ninguna novedad”, continúa la LCP. “Es el mismo terrorismo de Estado practicado desde hace décadas, desde los episodios del 9 de agosto de 1995 en Corumbiara y que hasta hoy siguen actuando de la misma manera. Así actúa esta tropa de cobardes y asesinos del BOPE, que al margen de la ley, invade áreas campesinas para asesinar obreros y sus dirigentes”.
La nota de la LCP fue acompañada de denuncias de la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo Gabriel Pimenta (Abrapo), que acusó nominalmente a Braguin y Montenegro de usar sus cargos para “inflamar el odio contra el campesinado” y “promover persecución política disfrazada de acción policial”.
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) también emitió una nota y recordó que los policías militares no deberían actuar como influencers políticos, como es el caso de Braguin.
30 años de impunidad…
Las violaciones en el Área Valdiro Chagas, en Machadinho d’Oeste, ocurrieron en la víspera de la fecha que marcó los 30 años de la Batalla de Santa Elina, también conocida como la “Masacre de Corumbiara”. En 1995, la PM de Rondônia y pistoleros atacaron a cientos de familias acampadas, resultando en muertes, torturas y desapariciones, incluyendo la de una niña de 7 años.
Tres décadas después, la historia se repite con una impresionante semejanza, revelando que el aparato represivo del viejo Estado contra los campesinos permanece intacto. Helicópteros sobrevolaron en vuelos rasantes al mismo tiempo que tropas avanzaron por tierra, disparando indiscriminadamente contra casas donde estaban familias enteras, incluyendo niños. Las viviendas fueron incendiadas, bienes completamente destruidos, desde utensilios domésticos hasta paneles solares, adquiridos con un inmenso esfuerzo, cultivos quemados, animales muertos y pozos envenenados. Todo esto sin ninguna orden judicial, en flagrante violación de la Constitución e incluso del Código de Proceso Penal, que exigen un mandato y fundamentación legal para operaciones de esta naturaleza.
Sin embargo, si por un lado la represión se intensifica, por otro también anuncia el crecimiento e influencia de la lucha campesina en la región. La LCP, incluso bajo un ataque cerrado, ha estado ampliando su organización y apoyo popular. “Si quieren exterminarnos, resurgiremos con más fuerza. Nuestra lucha es justa e histórica”, afirman valientemente los campesinos en una nota.
