Editorial de AND – Victoria pírrica de la vieja democracia burguesa

Liga de los Campesinos Pobres en macha en los 30 años de la Batalla de Santa Elina en Rondonia.

A continuación compartimos una traducción no oficial del último Editorial publicado por el medio A Nova Democracia (AND), especialmente centrado en la cuestión de la condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de estado.

La condena de Bolsonaro y los otros siete acusados del llamado “núcleo crucial” compuesto por sus partidarios de extrema derecha, confirmada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), por casi unanimidad, no sorprendió a nadie. Construido para parecer un verdadero “ajuste de cuentas” entre “demócratas” y “fascistas”, el proceso y el juicio, a pesar de las duras condenas impuestas a los condenados, no son más que una gran escenificación. De hecho, en la pugna entre la extrema derecha por un régimen militar y la vieja democracia burguesa, ninguno de los dos bandos se identifica con las masas populares ni con sus intereses más elementales. Por lo tanto, ninguno de los dos bandos expresa una verdadera democracia; por un lado, están los defensores de un régimen militar y, por otro, quienes defienden un “Estado Democrático de Derecho”, cuyo mantenimiento debe asegurarse mediante la adopción de todas las medidas reaccionarias correspondientes con su naturaleza burguesa, para lo cual incluso utiliza a la propia extrema derecha como perro guardián para lograr su implementación. De hecho, ambos polos se oponen dentro de la misma tendencia hacia el fascismo.

Si bien los revolucionarios y demócratas deben siempre explotar las contradicciones entre la extrema derecha y la derecha tradicional para impulsar las conquistas democráticas del pueblo, aislando a sus elementos más reaccionarios, el beneficio que se obtiene no va más allá. Las libertades democráticas, que, por cierto, aún están muy restringidas y de las que disfruta el pueblo en este sistema secular de explotación y opresión, son conquistas exclusivas de la lucha popular revolucionaria sobre el terreno, y tanto las leyes de este sistema como sus instituciones constituyen, de hecho, un freno a su ampliación. Por lo tanto, durante el juicio, el STF no defendió esas libertades democráticas, sino todo lo contrario: toda la sentencia y su fallo crean pretextos y justificaciones, a modo de precedentes, para tratar la lucha popular revolucionaria como un “intento de abolir el Estado democrático de Derecho”, ya que las masas en lucha también “coaccionan a las instituciones” para que cedan a sus presiones y, en determinadas circunstancias, cuentan con una organización que las impulsa en este proceso. Mañana, la lucha popular será atacada con las mismas armas que se utilizan actualmente contra la extrema derecha: si bien no debemos solidarizarnos con las “gallinas verdes” [Nota del traductor: seguidores de Bolsonaro] porque sus propósitos y objetivos defienden este mismo sistema de explotación y opresión, tampoco hay “entusiasmo” por la condena del “capitán del arbusto” [Nota del traductor: referencia a Jair Bolsonaro]. Brasil, a pesar del juicio, sea cual sea su resultado, se acerca a un régimen de reacción generalizada. La condena de Bolsonaro no hace a Brasil más democrático.

La condena fue proyectada por los monopolios de la prensa como un “hecho histórico” que revitaliza la democracia (burguesa): nada más lejos de la realidad. La conspiración golpista, ya sea del bolsonarismo o del Alto Mando de las Fuerzas Armadas (ACFA), tras el juicio, respectivamente, el primero no ha perdido ni un ápice de su influencia electoral con la condena de su líder, a quien un tercio de la población votante aún aprecia, varios supuestos candidatos presidenciales de derecha y extrema derecha se disputan el botín de votos. En el segundo caso, utilizando a los primeros como carne de cañón, buscan una mejor oportunidad. Este solo hecho basta para demostrar el fracaso de tal “vía” para combatir la reacción. Estos factores obligan a los aspirantes a sucesores del bolsonarismo a abrazar su discurso extremista y, de hecho, a practicarlo: otra figura liderará este movimiento, aunque sea temporalmente, al menos desde una perspectiva electoral. Las condiciones que produjeron el bolsonarismo persisten y se agravan: la profunda crisis de este sistema de capitalismo burocrático, su aparato estatal y su descrédito ante las masas en revuelta. En este contexto, el señor Tarcísio de Freitas emerge con el apoyo del núcleo más poderoso de las clases dominantes de la gran burguesía y los terratenientes, sirvientes principalmente del imperialismo yanqui, mientras Ronaldo Caiado se postula en el exterior, o mejor dicho, en el interior (el Centro-Oeste y el Norte, especialmente la región de expansión de las fronteras agrícolas). Sea cual sea el resultado, no queda duda de que el núcleo de sus propuestas será una política aparentemente racional en relación con el Congreso y un recrudecimiento de la guerra de baja intensidad contra la lucha por la tierra y los pobres de la ciudad, desde un incremento de la represión policial-militar y leyes de excepción hasta el encubrimiento y la protección de grupos paramilitares que exterminan a los pobres.

Como hemos visto, este juicio no abordó en absoluto el ACFA, que dio origen a la actual crisis militar e institucional. No constó entre los denunciados por la Fiscalía General de la República (PGR), ninguno de los generales de derecha que, si bien no son partidarios de Bolsonaro, son o han demostrado ser notorios golpistas, como el Sr. Hamilton Mourão, Eduardo Villas-Bôas y tantos otros. Las fuerzas armadas reaccionarias recibieron, durante todo el juicio, comentarios aduladores de las “excelencias” del STF, a quienes les faltó lamerles las botas en televisión nacional. Estos señores olvidaron que, según la tan cacareada ley que castiga los golpes de Estado, es un delito “intentar coaccionar, restringir o impedir” el “poder constituido”: en cuanto a la efectividad de este delito, comparado con Villas-Bôas, Bolsonaro es un niño. Fue este primer juez quien, en 2018, mediante una amenaza intervencionista explícita, coaccionó el voto de la jueza Rosa Weber en el juicio de Habeas Corpus de Luiz Inácio, alterando flagrantemente su voto, lo que lo retiró de la contienda electoral. Este acto, que, junto con otros actos conspirativos, finalmente garantizó la elección de Bolsonaro en 2018, ¿es o no coerción, una restricción de los poderes establecidos? Y el Sr. Hamilton Mourão: al recurrir a la masonería para amenazar explícitamente al mundo político oficial y a la nación con un golpe de Estado “en casos extremos”, que se produciría si no se obedecían sus instrucciones, ¿no fue eso coerción, una restricción de poderes? Por lo tanto, esta sentencia, si bien impone cierta barrera legal a la ruptura del orden establecido por parte de la extrema derecha, ratifica la legalidad, por omisión, de la vía institucional para un golpe de Estado militar.

Si bien, por un lado, es cierto que ningún juicio puede evitar la ruptura del orden constitucional, ya que se lleva a cabo mediante el uso de las armas y a pesar de la legalidad, también es cierto que la extrema derecha sale de este proceso con menos margen de maniobra para justificar tal medida. Sin embargo, el golpe, por estas y otras razones, no se debilita de la misma manera. Es una victoria pírrica contra el golpismo bolsonarista.

Un hecho aparte fue el voto del sr. Ministro Luiz Fux, quien recomendó la absolución de todos los generales golpistas de todos los crímenes imputados. Presentado como un “garantista”, alguien que defiende las garantías constitucionales y rechaza el punitivismo por principio, resulta curioso que recién lo hiciera ahora. Veremos si el ilustre ministro continúa con su discurso garantista cuando, en el tribunal, no estén las “las gallinas verdes”, sino los luchadores y luchadoras sociales,y los revolucionarios y revolucionarias. Además, su argumento formalista burgués, comparando sin escrúpulos el intento de golpe de Bolsonaro del 8 de enero de 2023 con las jornadas de junio de 2013, raya en la locura: hay un abismo insondable entre estas últimas, un movimiento auténticamente popular, legítimamente basado en el descontento popular y que, en esencia, buscó ampliar los derechos democráticos, aunque algunos puedan cuestionar su desarrollo y dirección, y las primeras, un evento de manipulación de masas y planificado detalladamente dentro de los cuarteles y con la aprobación de la oficina presidencial.

El trasfondo de toda esta crisis institucional y militar debe buscarse en la lucha de clases, no exclusivamente en la disputa palaciega. La extrema derecha pugnó, durante todo el mandato de Bolsonaro, por restablecer el régimen militar fascista, por creer fielmente que el cuadro económico-social del país, de crisis económica endémica y de desmoralización casi completa del sistema político, frente a las masas, producía un peligroso material inflamable del cuál se aprovecharía la lucha popular revolucionaria. El terror de Bolsonaro y la ACFA reside en las rebeliones populares violentas y, principalmente, como lo mencionó en dos ocasiones, en la lucha campesina revolucionaria por la tierra y sus organizaciones. No sin razón, el 1º de Mayo de 2021, calificó a la Liga de los Campesinos Pobres (LCP) como “foco guerrillero” y de “terrorismo peor que el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST)”, “que comienza en el campo y que con certeza llegará a la ciudad”. Un mes después, en un discurso durante la inauguración del puente sobre el río Madeira, que conecta Rondônia con Acre por la carretera 364, amenazó: “LCP, prepárense: lo que están haciendo no saldrá gratis, ni barato”. De hecho, la extrema derecha, ferviente defensora del latifundio, la gran burguesía y el imperialismo, vio la confluencia de la crisis económica, política, social e institucional y de ascenso de la lucha revolucionaria por la tierra, como una combinación que justificaba una ruptura. A su vez, los generales derechistas no seguidores de Bolsonaro que supervisaron su gobierno, advirtieron con la misma preocupación sobre la necesidad de actuar dentro de los límites de la constitucionalidad, mediante su desmantelamiento gradual, sin crear alarma o mayor inestabilidad en la sociedad, para combatir el “peligro de revolución”, como expuso recientemente el coronel jubilado del ejército Fernando Montenegro en las “redes sociales”, acusando a la LCP de ser una “organización criminal” que está pasando de la fase de preparación guerrillera a la lucha guerrillera para la “subversión” en el país.

El golpe de Estado, abiertamente predicado por Bolsonaro para restablecer el régimen militar, y el proceso gradual propugnado por el ACFA son dos vías de la misma ofensiva contrarrevolucionaria para prevenir las rebeliones populares, desatadas tras las revueltas de 2013/14, intensificadas por la “Operación Lava-jato”. El objetivo inmediato es cumplir las tres tareas reaccionarias que les exige el imperialismo: superar la profunda crisis del sistema de dominación impulsando el capitalismo burocrático; imponer la máxima centralización del poder en el Ejecutivo; conjurar el peligro de revolución en el país. Esta tarea fundamental les exige combatir por todos los medios la lucha revolucionaria por la tierra, la Revolución Agraria. Por lo tanto, la victoria sobre esta fase de la ofensiva contrarrevolucionaria pertenece a los campesinos pobres y a los verdaderos demócratas, revolucionarios y revolucionarias.

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el ultrarreaccionario Donald Trump “no teme usar medios económicos ni militares” y, utilizando como pretexto el juicio a Bolsonaro y los generales golpistas ante la Corte Suprema, concluyó que sería “para proteger la libertad de expresión en todo el mundo”. Al final del juicio a Bolsonaro, Trump dijo que se vio “sorprendido” por el resultado y lanzó nuevas amenazas. Desde nuestra plataforma, ya hemos analizado que esta bravuconería del imperialismo yanqui, en relación con la situación política nacional, solo sirve para profundizar la condición semicolonial del país y la nación, echando por la borda todo este “apoyo” a Bolsonaro una vez que este logre su objetivo. Sin embargo, tienen un objetivo simultáneo en el contexto del agravamiento de la lucha de clases en el escenario internacional y el desarrollo de la situación revolucionaria a nivel mundial de forma desigual, que es: intervenir en un escenario de aumento de la lucha antiimperialista, de las guerras de liberación nacional y el combate contra las guerras populares en curso y las que se preparan. Así, “recomendaron” clasificar a las organizaciones paramilitares (es decir, la compleja y lucrativa red de narcotráfico y otras actividades estrechamente vinculadas al viejo Estado y sus instituciones, de las que en realidad se beneficia el imperialismo) bajo el nombre de “narcoterroristas”, lo que, en la práctica, permite a los yanquis intervenir militarmente en territorios extranjeros a su antojo, bajo el control del ahora renombrado Departamento de Guerra, en violación del propio derecho internacional y del país invadido. Así también debe interpretarse el hecho de que hace unos días un avión yanqui de la CIA llevara a cabo una misión secreta en Porto Alegre y São Paulo sin autorización del gobierno brasileño y con su silencio total, cobarde y servil.

Ni las agresiones ni las provocaciones directas contra la nación, ni el despliegue de tropas en la costa de Venezuela, en flagrante agresión militar contra un país que divide fronteras estratégicas con Brasil, son suficientes hacer que las viejas y carcomidas instituciones oficiales brasileñas a manifestarse con contundencia contra el intervencionismo estadounidense. Por el contrario, trafican con la soberanía nacional, limitándose a “defenderla” mediante consignas demagógicas y palabrería vacía, como se ve en la celebración oficial del 7 de septiembre (falsa independencia nacional) en Brasilia y en otras celebraciones organizadas por la falsa izquierda oportunista en otras capitales, como Río de Janeiro y São Paulo. Defienden la “soberanía” para poder vendérsela de la forma más conveniente y rentable a las oligarquías financieras y al latifundio.