Continúan las protestas en Francia contra la represión policial y las condiciones de vida.
Imagen destacada: Protestas en París, 14 de noviembre. Fuente: The Sun
El pueblo francés salió a las calles por quinto sábado consecutivo para protestar en todo el país el 14 de noviembre, incluyendo París, Burdeos, Nantes, Lyon, Marsella y Limoges.
Las protestas se centraron en el aumento del costo de vida, las condiciones de aprendizaje y la denuncia de los planes para incrementar la impunidad policial en caso de uso de armas, lo que significa esencialmente una “licencia para matar”.
La policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes en París, Burdeos y Nantes.
Los sindicatos del sector público, los sindicatos ferroviarios, los estudiantes y las asociaciones de estudiantes de secundaria han convocado una huelga y una manifestación para hoy, tras la propuesta del gobierno de aumentar el salario mínimo en un mísero 0,6%.
Jeunesse Communiste (JC) ha convocado además una manifestación, el 19 de noviembre, en apoyo de Amine y de todos los reprimidos en el movimiento social.
La Liga Antiimperialista (LAI) – Sección Francia también está organizando una conferencia antiimperialista en París el 20 de noviembre.
Ya informamos sobre el caso de Amine anteriormente; pueden leer nuestro informe aquí:
La represión de las recientes protestas ha sido fuerte y el Estado francés incluso ha invocado tácticas “contraterroristas” y limitado la libertad de expresión de los individuos durante estas protestas. MICAS es una medida que puede restringir el movimiento de una persona, incluyendo la prohibición de participar en manifestaciones, en virtud de las facultades antiterroristas. Puede ser impuesta por el Ministerio del Interior sin la aprobación previa de un juez, aunque la persona puede impugnarla posteriormente ante los tribunales, un proceso que, según los críticos, elude la debida supervisión judicial, especialmente cuando las órdenes se emiten en el último minuto. Las medidas se utilizaron contra “estudiantes, sindicalistas, activistas de extrema izquierda y defensores del medio ambiente”; muchos no tenían antecedentes penales ni ninguna conexión conocida con el terrorismo, y la mayoría nunca había sido investigada por ello. Quien infrinja una orden de MICAS puede enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros.
Muchos manifestantes también han reportado efectos secundarios del gas lacrimógeno y algunos manifestantes han sufrido lesiones graves e incluso han muerto a causa de sus efectos. La policía disparó 22.000 botes solo el 17 de octubre.