Acoso del viejo Estado filipino al campesinado
Imagen de cabecera: policías y militares acosan a campesinos en Cavite. Fuente: Cuenta de Facebook de Kasama.
Según denuncian organizaciones campesinas filipinas, el viejo Estado ha intensificado sus operaciones de acoso durante la última semana en Lupang Ramos y en Barangay Tartaria, ambos en Cavite. El campesinado se está enfrentando una creciente presencia militar y policial. El 9 de septiembre las fuerzas represivas establecieron controles en la entrada de Lupang Ramos, supuestamente para controlar la prohibición de llevar armas durante las elecciones que empezarán en en enero de 2025. El día 10 de septiembre se presentaron en la zona 50 efectivos de una fuerza conjunta de las Fuerzas Armadas de Filipinas, la Policía Nacional filipina, el Comando Ugnay y funcionarios del gobierno local. Cuando las fuerzas represivas fueron confrontadas por los campesinos, admitieron que su intención era entrar en la zona y establecerse de forma permanente presencia miliar allí.
El campesinado, sabiendo de las intenciones reales de las fuerzas represivas, levantaron una barricada rápidamente y evitaron la entrada de las tropas. También aparecieron soldados y policías en Barangay Tartaria, donde aparecieron cuatro coches de policía, un camión militar 6×6 con ametralladoras en el techo y tres blindados militares V150. Todo ello era para atemorizar a los campesinos de la zona.
Los campesinos de ambos territorios han estado luchando por un largo tiempo contra los terratenientes acaparadores de tierra, como las familias Ayala, Ramos y Aguinaldo, que codician tomar las tierras de estos lugares para sus proyectos de colaboración con monopolios y grandes proyectos inmobiliarios. A causa de su codicia comunidades campesinas enteras son intimidadas, acosadas y se les niegan sus derechos.
La Asociación de Campesinos y Legítimos Propietarios de la Tierra (Katipunan ng mga Samahang Magbubukid – Kasama) denuncia que estos casos de acoso son frecuentes, así como los secuestros de dirigentes campesinos y abogados por los derechos del campesinado. En la provincia de Quezón, el campesino Roberto Mendoza fue detenido el 2 de septiembre por parte de fuerzas estatales después de que su hija, la dirigente campesina Lieshel Mendoza fuese acusada de financiar el terrorismo y violar la legislación “antiterrorista”.
Como denuncian grupos por los “derechos humanos”, dos organizadores de la juventud han sido secuestrado por las fuerzas estatales en Cagayan Valley. Uno de ellos es un organizador y abogado de los derechos de los obreros inmigrantes y la otra es una activista por la defensa del medioambiente. Día tras día el número de desaparecidos forzosamente aumenta: Ang Bayan ha contado 155 víctimas de secuestros por parte del viejo Estado desde la llegada del gobierno de Marcos, de los cuáles 45 siguen desaparecidos.
