El imperialismo yanqui lanza acusaciones contra Colombia y Venezuela con pretextos de militarización en el subcontinente

Compartimos una traducción no oficial del artículo de A Nova Democracia encontrada en Nueva Democracia.

Con el pretexto de la «guerra contra el narcotráfico» y la «seguridad hemisférica», el presidente archirreaccionario Donald Trump declaró el 19 de octubre que el presidente colombiano Gustavo Petro es «líder del tráfico de drogas» y anunció el corte inmediato de los «pagos o subsidios» yanquis destinados a Colombia. Este disparate profundiza aún más la ofensiva contra las naciones latinoamericanas, que ya cuenta con acciones militares contra Venezuela y ahora promueve ataques contra la soberanía colombiana.

«El presidente Petro… fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia», escribió Trump en su red social. «A partir de hoy, estos pagos… ya no se realizarán», vociferó el aspirante a emperador Donald Trump.

Simultáneamente a la campaña de difamación contra la Nación colombiana, las fuerzas militares yanquis actuaron en el Caribe con ataques a embarcaciones que, según Estados Unidos, forman parte de organizaciones criminales o del narcotráfico. En una de estas operaciones, una embarcación colombiana fue hundida por militares yanquis. Colombia afirmó que se trataba de un barco pesquero civil, lo que provocó la muerte del pescador Alejandro Carranza. Su cobarde asesinato generó la indignación de las masas colombianas, que organizaron grandes protestas en Bogotá.

Alejandro Carranza, pescador y padre de familia, fue asesinado por un bombardeo yanqui en el Caribe. Foto: Reproducción.

Según el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, “estas declaraciones de Trump equivalen a una amenaza de invasión o de acción terrestre o militar contra Colombia”, afirmó en una entrevista. En respuesta, Bogotá convocó a su embajador en Washington para consultas.

La gravedad de la situación es tal que incluso los analistas burgueses admiten que se trata de una reedición de la Doctrina Monroe, una “Monroe 2.0”, que busca reafirmar el dominio imperial en el continente en medio de las pugnas interimperialistas.

Se profundiza la agresión contra las naciones oprimidas

Estados Unidos tiene hoy la mayor presencia militar en el Caribe desde la invasión de Panamá en 1989, en un intento de cercar a Venezuela y otros países que se alejan de su proyecto regional.

La ofensiva demuestra que la “guerra contra las drogas” sirve de pretexto para reactivar el intervencionismo imperialista y consolidar el dominio sobre la llamada “vecindad compartida”.

El gobierno de Nicolás Maduro, por ejemplo, ha sido señalado por Washington como “cabecilla de un cartel de drogas”, acusación que sustenta su ofensiva militar y diplomática. Colombia, por su parte, semicolonia yanqui, ve cómo su relación con la “metrópoli” del Norte sufre graves sacudidas: la suspensión de la cooperación militar, el fin de los subisdios, además de la acusación pública, lo que constituye una nueva fase de la agresión contra la nación subyugada.

En declaraciones a la prensa, Petro denunció: “Funcionarios del Gobierno estadounidense cometieron un asesinato y violaron nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico y su actividad diaria era pescar. El barco colombiano estaba a la deriva y tenía una señal de socorro encendida porque un motor estaba averiado. Esperamos explicaciones del Gobierno estadounidense”.

Por su parte, Trump mantuvo su postura de agresor: “El objetivo de esta producción de drogas es la venta de grandes cantidades del producto en Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos… Petro, un líder mal valorado y muy impopular, con una boca sucia en relación con Estados Unidos, más le vale cerrar inmediatamente esos campos de la muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no lo hará de forma amable”.

El imperialismo yanqui: el mayor articulador del narcotráfico internacional

La ofensiva de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), entre otras agencias de Washington, contra los países de América Latina no se limita a la diplomacia agresiva o al bombardeo de barcos. Como parte de su guerra de baja intensidad, la vigilancia de la CIA sobre América Latina sirvió de inteligencia para impulsar a grupos paramilitares reaccionarios y anticomunistas en el subcontinente, lo que facilitó la internacionalización del tráfico de drogas, según académicos como Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, en el libro «Cocaine Politics: Drugs, Armies, and the CIA in Central America». Hasta hoy, la supuesta “vigilancia del narcotráfico” sirve como forma de espionaje contra las Naciones latinoamericanas para imponer los planes de dominación yanqui.

Uno de los resúmenes de la obra afirma: “Los autores sostienen que la CIA ayudó a definir o consolidar agencias de inteligencia en América Central que se convirtieron en fuerzas de represión y cuyas conexiones con otros países abrieron el camino a envíos ilícitos de drogas”.

En la misma línea, un artículo científico que examina la serie “Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion”, de Gary Webb, señala: “Las pruebas sugieren que, durante la Guerra Fría, la CIA cultivó muchas alianzas dudosas relacionadas con las drogas en nombre de la seguridad nacional”.

Entre finales de la década de 1970 y mediados de la de 1980, Manuel Noriega, comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, se convirtió en la cabecilla del país mediante un golpe militar y sirvió como agente de la CIA en América Latina, apoyando las operaciones de inteligencia estadounidenses contra el “comunismo”. Según Human Rights Watch, Estados Unidos era consciente de su implicación en el tráfico de drogas y, aun así, lo apoyó política, económica y militarmente.

El 20 de diciembre de 1989, con la justificación oficial de “proteger a los ciudadanos estadounidenses” en el canal, “restaurar la democracia” y “combatir el narcotráfico”, Estados Unidos lanzó la Operation Just Cause, en la que más de 20 000 soldados estadounidenses invadieron Panamá y derrocaron a Noriega.

Aunque el pretexto fue el tráfico de drogas, los analistas señalan que el verdadero motivo incluía el control estratégico del Canal de Panamá, el mantenimiento de la influencia yanqui en la región y el desmantelamiento de un gobierno que ponía en jaque los intereses de Estados Unidos.

La historiadora Jane Franklin afirma que Panamá “se convirtió en el ejemplo más acabado de un narcoEstado” bajo Noriega, y que la invasión marca el “punto de partida de la militarización de la guerra contra las drogas”.

Militarización a gran escala: el plan del imperialismo yanqui para América del Sur

Según un informe de julio de 2024 del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), Estados Unidos mantiene aproximadamente 1.650 militares destacados de forma permanente en la región de América Central y del Sur, además del Caribe. Los contingentes más numerosos se encuentran en Cuba (616 soldados), en la base colonial de Guantánamo, y en Honduras (365 soldados), país utilizado históricamente como punto de apoyo para operaciones clandestinas contra Nicaragua, El Salvador y Venezuela.

Además de estas bases fijas, Estados Unidos opera con el concepto de “acceso militar facilitado”, lo que significa mantener instalaciones, arsenales y pistas de aterrizaje operativas en países como Colombia, Paraguay, Perú, Chile y Brasil, lo que permite la proyección de fuerzas en tiempo real.

La militarización ha avanzado aún más en los últimos meses. En octubre de 2025, fuentes militares confirmaron el desplazamiento de una fuerza naval compuesta por diez buques de guerra al Caribe, entre los que se encontraban destructores, embarcaciones de asalto anfibio y buques de vigilancia. El movimiento coincidió con las amenazas del gobierno Trump contra Venezuela y Colombia, bajo el falso pretexto de “combatir el narcotráfico”.

Además, diez cazas F-35 fueron posicionados en la base de Puerto Rico, territorio ocupado por Estados Unidos, como parte de una supuesta “operación de contención” contra los cárteles. Sin embargo, los expertos en defensa de la soberanía advierten: se trata de un cerco militar creciente sobre los países que se niegan a obedecer los dictados de Washington.

“El Pentágono ya no necesita invadir para controlar. Rodea, se infiltra, entrena y vigila. La militarización hoy en día es más silenciosa, pero igualmente violenta”, afirma el investigador boliviano Roberto Salcedo, de la Red de Estudios Críticos Latinoamericanos.

Según datos del instituto COHA (Council on Hemispheric Affairs), Estados Unidos opera o tiene acceso a más de 76 instalaciones militares en América Latina y el Caribe, entre bases tradicionales, centros de entrenamiento y puestos avanzados de logística. Estas estructuras, en su mayoría instaladas sin consulta popular, sirven como instrumentos directos de control político e intervención regional.