Criminalización de la lucha popular en Colombia
Imagen de portada: Manifestación contra Ecopetrol. Fuente: Nueva Democracia
Tras los bloqueos llevados a cabo en 2017 contra la petrolera Ecopetrol por la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunitaria de Área de Influencia Directa de San Isidro de Chichimene (CJAID) en la Estación Chichimene en Acacías, Colombia, el Consejo de Estado ha ordenado ahora el pago de los daños causados a la empresa, informa Nueva Democracia (ND).
Los bloqueos de la CJAID se llevaron a cabo en el marco de una lucha por la creación de más empleos en la región, tanto para personas con como sin educación formal, entre otras demandas. Desde 2017, la lucha contra la petrolera ha continuado, y una de estas protestas tuvo lugar en abril de 2025, cuando el comité “No más tomografías computarizadas, no más radiografías de columna” organizó una manifestación de 10 días contra los exámenes médicos obligatorios para los empleados de la empresa.
Este ataque a la lucha popular constituye una decisión sin precedentes del Consejo de Estado, que traslada la carga de las pérdidas de la petrolera a los organizadores de la movilización. Concretamente, las pérdidas que se prevé transferir al CJAID son los costes de la suspensión de contratos, así como las pérdidas derivadas del retraso en la extracción de petróleo entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017, periodo en el que estuvieron vigentes los bloqueos.
Según informa ND, movilizaciones similares al bloqueo de la CJAID de 2017 se han producido en toda la Colombia rural, y la decisión del Consejo de Estado puede sentar un precedente peligroso y abrir la puerta a demandas similares contra la lucha popular.
ND también escribe que no solo la lucha rural se ve afectada por este fallo, citando la sentencia del Consejo de Estado: “el derecho a la protesta fue utilizado en este caso como un mecanismo de presión que excedió su función constitucional y democrática en tanto generó una afectación directa al derecho de propiedad y al normal desarrollo de la actividad económica de la empresa demandante.” ND continúa: “Sin embargo, es precisamente esa la forma en que las clases oprimidas, históricamente privadas de poder económico, político y militar, han conquistado derechos en esta sociedad: presionando a las clases dominantes mediante bloqueos, huelgas, tomas, etc que afectan su economía o que ponen en riesgo su control político. Por lo tanto, lo que pretende esta decisión es limitar la protesta popular en general, añorando convertir la lucha en eventos sin ningún efecto económico contra el gran capital, y de esta manera quitar las posibilidades que tienen las clases populares para presionar para que se tomen medidas a su favor.“
