Estudiantes ocupan San Marcos contra proyecto de reelección de rectores en Perú
A continuación compartimos una traducción no oficial de un artículo publicado por A Nova Democracia el 17 de mayo.
Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Lima ocuparon las instalaciones de la Ciudad Universitaria el 12 de mayo como respuesta directa al intento del Congreso de la República de imponer la reelección inmediata de las autoridades académicas. La movilización, que tomó el campus durante las celebraciones del 475º aniversario de la institución, busca frenar el Proyecto de Ley N° 12736, conocido como la “Ley Jerí Ramón”. Los manifestantes controlan los accesos y afirman que la medida solo terminará cuando la propuesta legislativa sea retirada definitivamente de la agenda del Congreso.
La ocupación se concentra en las puertas 1, 2 y 3 de la universidad ubicada en la Avenida Venezuela, en la capital peruana, donde grupos organizados realizan marchas internas y bloqueos para impedir el funcionamiento administrativo de la universidad. Según representantes de la Federación Universitaria de San Marcos, la ocupación responde a la “Ley Jerí”, que modifica los artículos 66 y 68 de la Ley Universitaria para permitir que rectores y vicerrectores permanezcan en sus cargos por un mandato adicional de forma inmediata. La acción coincide con el aniversario de la universidad más antigua de las Américas, transformando la fecha festiva en un escenario de denuncia contra el clientelismo y la manipulación de las instituciones de educación superior.
El proyecto de ley n.° 12736 fue articulado por el Partido reaccionario Podemos Perú e impulsado por una coalición de fuerzas que incluía a Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. El texto fue llevado directamente al pleno del Congreso sin pasar por el escrutinio técnico de la Comisión de Educación, lo que generó críticas de estudiantes y entidades universitarias por la falta de debate técnico previo. De ser aprobada, la ley permitirá a rectores y decanos buscar un mandato adicional inmediato, alterando las reglas electorales en medio del interés de la actual rectoría, Jerí Ramón, por permanecer en el cargo.
Además de facilitar la reelección inmediata del rector, el proyecto de ley extiende este privilegio a los decanos de las facultades, quienes solo requieren una licencia temporal de dos meses antes de las elecciones. Para los estudiantes, el cambio favorece la permanencia de la burocracia académica y debilita la alternancia en los cargos directivos de la universidad. La comunidad académica denuncia que esta legislación es una orden directa para beneficiar al rector de la UNMSM, Jerí Ramón, quien visitó el Congreso poco antes de la presentación del proyecto.
La ocupación actual se desarrolla en medio de una serie de luchas en la UNMSM. En 2024, los estudiantes ya habían ocupado la Ciudad Universitaria protestando por las denuncias de irregularidades en las elecciones internas y contra el intento de permanencia de Jerí Ramón al frente la universidad. En aquel entonces, la movilización también denunció el control del Comité Electoral y la actuación de grupos externos contra los manifestantes.
En una entrevista con el periódico RPP, un dirigente de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) afirmó que los estudiantes exigen tres cosas: “Que el Congreso rechace el proyecto de ley de reelección de rectores universitarios, que se debatirá el jueves; que las elecciones de rectores y representantes estudiantiles se realicen de forma transparente y presencial; y que se reduzca el umbral de elegibilidad para que los representantes estudiantiles accedan a los puestos del consejo y la asamblea universitaria. El año pasado era del 10%, ahora es del 20%, y no hay explicación para este cambio”, declaró.
La rectoría intenta criminalizar la ocupación estudiantil
Ante la persistencia de la ocupación, la rectora Jerí Ramón emprendió acciones legales contra los estudiantes. En declaraciones a Radio Nacional, afirmó: “No es como si pudiesen derribar una puerta sin consecuencias. Los jóvenes deben aprender a ser conscientes de sus actos”. La rectora confirmó haber presentado denuncias formales ante la Fiscalía para la Prevención del Delito, solicitando que la ocupación estudiantil se considere un “acto criminal” y que los estudiantes sean responsables individualmente de los presuntos daños a la infraestructura.
La burocracia universitaria intenta condicionar el diálogo a la desocupación inmediata del campus, una medida vista por los estudiantes como un intento de desmovilizar el movimiento antes de la votación sobre la ley de reelección. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, Ramón declaró: “Que terminen la ocupación y luego nos sentaremos a conversar”. Los estudiantes denuncian esta postura como incoherente, ya que la rectoría también afirmó que las conversaciones no abordarían el proceso electoral de las “autoridades” con el pretexto de no interferir con la comisión electoral. A juicio de los estudiantes, la maniobra busca ganar tiempo y debilitar la resistencia mientras las fuerzas reaccionarias aceleran la votación en el Congreso.
La ocupación recibe apoyo de otras entidades estudiantiles
La resistencia en San Marcos no está aislada y ha encontrado eco en otras instituciones, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde los estudiantes también llevaron a cabo una ocupación masiva del rectorado. En esa institución, la protesta fue contra el aumento de las cuotas de matrícula y la reducción de los plazos de pago, medidas que afectan directamente a los estudiantes de familias de familias trabajadoras y de baja renta.
Grupos políticos como la Confederación de Estudiantes Universitarios del Perú (CEUP) también respaldaron las demandas de los manifestantes en San Marcos. La CEUP emitió una declaración contundente afirmando que la “Ley Jerí” fomenta la perpetuación del poder y la consolidación de redes clientelistas que minan la alternancia democrática. Según la organización, cualquier reforma en la educación superior debe ser ampliamente debatida con profesores, funcionarios y estudiantes.
La Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUP) y el Consejo Nacional de Rectores también expresaron su absoluto rechazo al proyecto de ley, calificando de “extremadamente grave” la programación de la votación sin debate técnico previo. La resistencia estudiantil reafirma que el proyecto de ley no resuelve la escasez de recursos ni la falta de equipamiento, sirviendo únicamente como blindaje jurídico para los administradores.
Colectivos estudiantiles emitieron un pronunciamiento conjunto titulado “QUIEN TOCA A UN ESTUDIANTE, NOS TOCA A TODOS”, en apoyo a los estudiantes de la UNMSM y de la PUCP. La nota afirma que el movimiento universitario debe actuar como la “conciencia crítica del país”, defendiendo una educación que sea un derecho y no un privilegio para unos pocos. Los colectivos recuerdan que la defensa de la autonomía es también la defensa de la memoria de las luchas históricas de la juventud contra el régimen militar y sus intervenciones.
La nota de los colectivos subraya cinco puntos fundamentales de apoyo: la defensa irrestricta de la autonomía; el derecho a organizarse y movilizarse; la exigencia de una educación pública accesible y de calidad; la apertura de mesas de diálogo transparentes y vinculantes; y el respeto a la representación estudiantil como actor legítimo.
El Centro Federado de Ciencias Sociales y Humanidades (CEFECSH) de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta” expresó su solidaridad con la ocupación, reafirmando que “constituye una respuesta legítima al proyecto de ley promovido por sectores reaccionarios y antidemocráticos” y que es deber de los estudiantes aprender que los derechos nunca se dan, sino que son conquistados. “La historia de nuestro pueblo demuestra que ningún derecho se conquistó sin organización ni lucha. Hoy, más que nunca, es necesario fortalecer la unidad estudiantil y defender la universidad pública frente a aquellos que buscan convertirla en un espacio controlado por intereses políticos y burocráticos”.
A pesar de las amenazas de expulsión y los procesos judiciales iniciados por la rectoría, los estudiantes de San Marcos mantienen el control de los accesos y aseguran que la Ciudad Universitaria continuará ocupada. Si bien la rectoría lamentó los incidentes ocurridos durante las celebraciones con invitados extranjeros, los estudiantes reafirmaron que el aniversario de la universidad debe celebrarse con la lucha “por una universidad pública y científica al servicio del pueblo”, como afirman al final de su declaración, y no con proyectos que sometan a la institución al control político de grupos permanentes.
