India – FACAM: Detener la Operación Black Forest 2

A continuación compartimos un comunicado del Foro Contra la Corporativización y Militarización (FACAM) emitido en su cuenta de Instagram,


Ha habido noticias alarmantes de la noche del 18 de febrero de 2026 en el centro de India. El Estado indio ha lanzado la Operación Black Forest 2 en las montañas de Karreguttalu en la región fronteriza de Chhattisgarh-Telangana, desplegándose más de 2.000 agentes de las fuerzas de seguridad. Alrededor de 300 rebeldes maoístas están rodeados por fuerzas que les superan casi en diez veces en número, equipados con tecnología superior y vigilancia. Existe una orden de búsqueda y captura de líderes de alto rango del PCI (Maoísta) – Devji, Kesa Sodhi, Ganapathi, Malla Raja Reddy, y Misir Besra. Se han reportado cinco rebeldes maoístas asesinados bajo esta operación. También se ha reportado que unos 10 rebeldes han sido capturados y puestos bajo custodia por las fuerzas de seguridad. Esto es particularmente preocupante teniendo en cuenta que las fuerzas estatales han torturado y asesinado brutalmente a rebeldes en falsos encuentros mientras estaban en custodia.

Las fuerzas de las CRPF están llevando a cabo operaciones diarias al establecer FOBs (Bases Avanzadas de Operaciones) en áreas como Tadapala, Pamunuru, Murumuru y Doli en Karregutta. Históricamente, estas FOBs han funcionado como sitios de ataques brutales contra el campesinado adivasi, con alegaciones repetidas de asesinatos, violencia sexual, tortura, desplazamiento forzado y destrucción de hogares.

La Operación Black Forest, lanzada entre abril y mayo de 2025, siguió un patrón similar en el cerco y asesinatos planificados. En la operación conjunta de 21 días por parte de fuerzas de CRPF, COBRA, DRG y CAF en Karreguttalu el pasado abril, 31 rebeldes maoístas fueron masacrados, incluyendo el Secretario General del PCI (Maoísta), Basavaraj. Las organizaciones de libertades civiles han destacado que fue capturado por las fuerzas estatales en Odisha mientras recibía tratamiento médico y posteriormente fue asesinado en un falso encuentro. Se ha exigido una investigación judicial independiente, que no ha sido garantizada.

Tras estos asesinatos a sangre fría, se ha agilizado el proceso para proyectos mineros y de expansión en las regiones adyacentes, incluyendo Gadchiroli, con proyectos valorados en miles de millones para corporaciones privadas como Lloyd Minerals, exponiendo abiertamente el vínculo directo entre militarización y extracción de recursos por parte de las corporaciones.

Grupos de derechos civiles, organizaciones democráticas y equipos de investigación han avisado múltiples veces de que la Operación Kagaar representa la intensificación cualitativa de la violencia genocida bajo una máscara de contrainsurgencia en el centro de India. Se han documentado patrones de innumerables falsos encuentros, detenciones masivas, calificación de habitantes como “simpatizantes maoístas”, restricciones de periodistas y de observadores independientes, la ocupación de escuelas por las fuerzas de seguridad y el uso de vigilancia aérea y de drones armados en las zonas del bosque. Los informes también apuntan a evacuaciones forzosas, la negación del acceso a áreas del bosque y producción forestal menor, la disrupción de formas de vidas tradicionales, y la criminalización de la disidencia democrática básica. La asfixia de las libertades civiles a través de las leyes draconianas, la encarcelación prolongada sin juicio, y el ataque contra abogados, activistas y periodistas ha creado un régimen de terror en Bastar y las regiones adyacentes.

La sanguinaria campaña de exterminio bajo la Operación Kagaar está siendo llevada a cabo bajo los intereses de empresas extranjeras y nacionales como Adani, Essar, Arcelor Mittal, Jindal, Lloyd, POSCO, entre otros. A lo que se le llama “desarrollo” es en realidad una transferencia de tierras, bosques y recursos mineros a gran escala para ponerlos bajo control de las corporaciones.

La sangre que sale de los cadáveres de los ciudadanos masacrados se convierte en una alfombra roja que las empresa saludan. En los dos años desde la intensificación de la Operación Kagaar miles han sido asesinados, desplazados o encarcelados, mientras que los corredores mineros, las vías de tren para el transporte minero y los proyectos industriales han sido aprobados con una rapidez sin precedentes.

El movimiento maoísta está basado en la cuestión socioeconómica y problemas políticos que siguen existiendp en el sistema. Estas cuestiones estructurales no pueden ser resueltas a través de la militarización o el asesinato a ciegas de supuestos maoístas. La afirmación estatal de eliminar el “Naxalismo de bolígrafo y de arma” revela un intento de no sólo de aplastar la resistencia armada sino también de silenciar las voces, escritores, estudiantes, abogados y defensores de derechos humanos, quienes plantean el problema de la tierra, el modo de vida y los derechos constitucionales.

El bombardeo en las regiones forestales, el uso de drones y morteros, y el despliegue masivo de personal armado en las áreas civiles llevan a la destrucción de las vidas del campesinado adivasi. Nuestros hermanos y hermanas están muriendo por miles para satisfacer la avaricia corporativa. Los rebeldes maoístas asesinados no son solo combatientes, también son civiles de este país, que están sujetos a protecciones constitucionales y a su debido proceso. Son capturados, torturados brutalmente e incluso se les rompen los huesos, se les arranca las uñas y se les cortan partes del cuerpo como los pechos, son asaltos sexualmente y violados, y sujetos a otras formas de horrores inexplicables antes de ser asesinados en falsos encuentros.

Nos preguntamos, ¿es así como un país “democrático” protege a sus ciudadanos? ¿Es así como se llega al desarrollo? Las leyes humanitarias, las garantías constitucionales, la protección del Quinto Esquema, PESA y la Ley de Derechos Forestales son sistemáticamente violados mientras la militarización avanza y las corporaciones entran en las zonas ricas en recursos.

Exigimos que el Estado indio reconozca que se encuentra en un conflicto armado no internacional y que respete las Convenciones de Ginebra aplicables a tales situaciones. Esto requiere priorizar el arresto sobre los asesinatos, prohibir la tortura, las desapariciones forzosas, la violencia sexual y la toma de rehenes, y asegurar el tratamiento digno de los muertos. El Estado indio debe detener la Operación Kagaar y el Esquema Surajkhund Las investigaciones judiciales independientes sobre todos los asesinatos en encuentros, la retirada de los campamentos de seguridad de las instituciones civiles, la restauración de las libertades civiles y la protección de los derechos del pueblo sobre la tierra y el bosque son necesidades urgentes.

Urgimos a todos los progresistas, democráticos y amantes de la paz que se unan y exijan al unísono el fin de esta guerra contra el pueblo llevada a cabo por el Estado indio, bajo la cuál se han llevado a cabo numerosas violaciones de derechos humanos e incontables asesinatos.

FACAM exige lo siguiente:

1. La retirada inmediata de las fuerzas de seguridad de las montañas de Karregutta, y el cese de la Operación Black Forest 2.

2. El cese de la búsqueda y captura de supuestos dirigentes maoístas. Asegurar que todas las medidas llevadas a cabo por el Estado sobre la resolución de las cuestiones pertenecientes al movimiento maoísta estén en estricta concordancia con la Constitución y la ley.

3. La captura de rebeldes maoístas se debe producir ante un magistrado en menos de 24 horas y el proceso debe seguir estrictamente, con la protección del derecho de la vida (Artículo 21), el acceso total al asesoramiento legal (Artículos 22(1) y 39A), garantizar el no uso de tortura o de violencia bajo custodia, y de garantías en el juicio, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales de India y sus deberes bajo el Convenio Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra que determina el tratamiento humano, la protección de detención arbitraria y de un juicio por un jurado competente, dependiente e imparcial.

4. Detener la Operación Kagaar. El baño de sangre bajo la guerra de Kagaar ha tomado más de mil vidas, y todavía continúa. Llevar a cabo una resolución política para sobre la cuestión en vez de operaciones militares genocidas.

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