Nuevo Tribunal Popular juzgará al latifundio en Rondônia
A Nova Democracia ha informado sobre el Tribunal Popular que se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo en Porto Velho, Rondônia. Este evento es organizado por la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo (ABRAPO), el Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos (CEBRASPO) y el Comité de Solidaridad con la Lucha por la Tierra (COMSOLUTE), con el objetivo de denunciar y juzgar los crímenes cometidos contra el pueblo por el latifundio y el viejo Estado. Participarán diversas organizaciones y simpatizantes democráticos, incluyendo el Comité de Apoyo a la Lucha por la Tierra – Rondônia (CALT), la Organización de Pueblos Indígenas de Rondônia, Noroeste de Mato Grosso y Sur de Amazonas (OPIROMA), el Movimiento de Afectados por Presas (MAB), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), entre otros.
El Tribunal Popular es una forma de justicia popular donde el propio pueblo expone y juzga violaciones históricas cometidas contra campesinos, indígenas y quilombolas por el latifundio y el viejo Estado. Este tipo de tribunal ya ha ocurrido en diferentes regiones de Brasil, como Maranhão y Pernambuco, evidenciando que la persecución contra aquellos que luchan por la tierra no es un caso aislada.
En Maranhão, el Tribunal Popular realizado en marzo de 2024, fue un momento crucial de denuncia y organización de las masas campesinas contra los crímenes del latifundio. El tribunal fue convocado para juzgar los crímenes del robo de tierras en la región de la Gleba Campina, que afectan a más de 10 comunidades campesinas. Durante el evento, se presentaron relatos que expusieron la actuación de los ladrones de tierras, pistoleros y guaxebas al servicio del latifundio, intentando expulsar a los campesinos de sus tierras. Como desdoblamiento, las organizaciones presentes divulgaron una nota conjunta convocando un día de movilización contra la llamada “Ley del robo de tierras”, que legaliza la usurpación de tierras públicas y aumenta la violencia en el campo.
Otro ejemplo notable es el Tribunal Popular realizado en octubre de 2025 en el Engenho Barro Branco, en Jaqueira, Pernambuco. Organizado por el COMSOLUTE, el Comité de Apoyo a la Lucha de los Posseiros de Barro Branco/Jaqueira y la ABRAPO, el evento juzgó crímenes cometidos por el latifundio de la región. Empresas como la Usina Frei Caneca y la Agropecuária Mata Sul fueron condenadas por crímenes como robo de tierras, fraudes judiciales, crímenes ambientales, explotación de trabajadores y violencia contra campesinos. Las penas llegaron a más de 100 años de condena. A pesar de la fuerte presión policial y intentos de intimidación, el tribunal fue victorioso, representando fuertemente a los campesinos y denunciando los crímenes cometidos contra las masas populares.
En Rondônia, la necesidad de un Tribunal Popular es aún más urgente ante los ataques que campesinos, indígenas y simpatizantes de la lucha vienen sufriendo. El vínculo entre el latifundio y el viejo Estado ha transformado el campo en un escenario de violencia y acciones arbitrarias contra el pueblo. La realización del Tribunal Popular en Rondônia es una respuesta necesaria para denunciar torturas en el campo, prisiones arbitrarias, asesinatos de campesinos y líderes, la situación de pueblos indígenas sin la demarcación de sus tierras, procesos de privatización de bienes naturales, como el río Madeira, y la creciente criminalización de la lucha popular.
La Operación “Godos” es un ejemplo claro de esta violencia. Bajo el pretexto de combatir organizaciones criminales, el aparato represivo del Estado se utiliza para atacar y perseguir a campesinos, prender a abogados populares y asesinar a líderes. La prisión de la abogada popular Dra. Lenir Correia y de campesinos de Rondônia, sin acceso integral a las pruebas que fundamentaron las acusaciones, configura una grave violación al derecho a la defensa. Mientras tanto, personas históricamente denunciadas por su involucramiento en el robo de tierras, como Antônio Martins dos Santos, conocido como “Galo Velho”, siguen impunes.
La actuación de la Policía Militar en Rondônia también ha sido denunciado recurrentemente. Relatos apuntan a la participación de agentes en acciones conjuntas con pistoleros, escolta armada en desalojos violentos y ejecuciones extrajudiciales de campesinos. La exoneración del entonces comandante general de la PM-RO, Régis Braguin, deja al descubierto el aparato represivo de violencia en el campo. Su gestión estuvo marcada por denuncias graves, incluyendo violencia doméstica y conducir ebrio, al mismo tiempo que utilizaba las redes sociales para criminalizar la lucha por la tierra, clasificando a organizaciones campesinas como “terroristas” y “criminales”.
Durante su mando, hubo un aumento de la letalidad policial, con un crecimiento de aproximadamente 400% en las muertes derivadas de intervenciones de la PM-RO, concentradas principalmente en áreas campesinas. Bajo su mando, resultaron en acciones violentas contra comunidades, incluyendo ejecuciones de campesinos e incursiones armadas en áreas de conflicto agrario. Esta persecución a la Liga de los Campesinos Pobres (LCP) no es un caso aislado, sino parte de una ofensiva contra todas las organizaciones y entidades que luchan por la tierra. La violencia contra los pueblos indígenas forma parte de un escenario más amplio de conflictos agrarios, donde indígenas, campesinos y quilombolas enfrentan a latifundistas, pistoleros y la acción del viejo Estado.
