México: Solidaridad con las comunidades en resistencia en Guerrero y Michoacán
A continuación compartimos un artículo publicado por Periódico Mural el 9 de junio.
Desde febrero de este año hemos sido testigos de una escalada en los ataques armados con drones por parte del crimen organizado a comunidades indígenas, sobre todo en los estados de Michoacán y Guerrero donde los pueblos originarios vienen reivindicando y reconstruyendo sus sistemas autonómicos desde hace años en defensa de la tierra, el territorio, el agua, los recursos naturales y la vida, denunciando la inoperatividad de los cuerpos de seguridad del Estado y la colusión de estos mismos con los grupos criminales.
En la Montaña Baja de Guerrero muchas de las comunidades afectadas pertenecen al Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y llevan varios años señalando la complicidad de los tres niveles de gobierno con el grupo criminal “Los Ardillos”, quienes pretenden controlar con sangre y muerte el territorio perpetrando un sinnúmero de ataques que han derivado en el desplazamiento forzado de más de 2 mil personas. En el desplegado que emitió CIPOG-EZ el pasado 23 de mayo llamado “Manifiesto de Alcozacán” denuncian una guerra de exterminio contra las comunidades nahuas y que las agresiones registradas desde el pasado 6 de mayo en comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán dejaron desplazamientos masivos, viviendas incendiadas y ataques armados con drones y armas de alto poder. “Los pueblos de la Montaña Baja de Guerrero decimos ¡ya basta de tanto dolor y de tanta muerte!”. El CIPOG-EZ es una organización política que desde los años noventas viene dando la lucha por la defensa de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, tiene presencia en la Costa y la Montaña de Guerrero y ha impulsado el autogobierno y la autodefensa con la Policía Comunitaria entre los pueblos Ñu savii, Me´phaa, Nahua y Ñomdaá como única alternativa ante los embates del Estado y sus aparatos de seguridad legales e ilegales.
Por su parte el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señala que en dos años al menos 28 comunidades indígenas han sufrido ataques armados. En su comunicado del 26 de mayo señalan que en cuatro años 20 compañeros pertenecientes a las rondas o policías comunitarias han sido asesinados “Las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental”, expresaron. Además, denunciaron que el 25 de mayo la comunidad indígena de Santa María Sevina y una representación de 32 comunidades del CSIM se encontraban manifestándose en la Casa de Gobierno de Michoacán en exigencia de seguridad, justicia y paz para las comunidades originarias y en particular para Sevina, cuando fueron reprimidos por los granaderos y las fuerzas policiales, lo mismo sufrieron el pasado 11 de mayo cuando se manifestaban en la caseta de cobro de Zinahuen.
Recientemente en Santa María Ostula, el día 27 de mayo por la mañana, se había registrado un nuevo ataque con explosivos a viviendas y vehículos, paralelamente a este ataque elementos de la Secretaría de Marina intentaron introducirse a las playas de la comunidad, lo cual CSIM calificó como una acción de complicidad con los criminales y de hostigamiento hacia la comunidad. En su documento, el Consejo exige además la presentación con vida de sus desaparecidos, justicia por los 42 comuneros asesinados de Ostula y castigo a los culpables de estos hechos.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán es una organización autónoma de los pueblos originarios de la entidad e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas; inició su labor oficialmente desde 2015 y actualmente está conformado por 80 pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos.
Todos estos hechos no son casos aislados sino parte de una política antipopular y sanguinaria contra los pueblos que se organizan ante la embestida de los aparatos represivos del Estado y del imperialismo, pues no es novedad que sean los yanquis quienes estén metidos hasta la cocina con los grupos criminales para sacar provecho de la tierra, los recursos naturales e imponer sus megaproyectos de despojo y muerte, porque el Estado mexicano actúa indiferente ante el dolor de las comunidades indígenas, no por ser negligente sino como una manera de castigo hacia quienes se atreven a alzar la voz, reprimiendo a quienes nos oponemos al despojo y la opresión desde tiempos de la colonia.
Es importante elevar la solidaridad militante con los pueblos y comunidades en resistencia que están siendo atacados por el crimen organizado y el viejo Estado mexicano; condenar los ataques armados contra las comunidades y sumarse a la exigencia de justicia.
Reiteramos que en la lucha por la tierra y la liberación nacional debemos aplicar la política de los tres criterios fundamentales para la liberación de territorios y ejercicios de embriones de Nuevo Poder, esto es: Autodeterminación, Autogobierno y Autodefensa. Solamente así podremos arrebatar el poder, parte por parte, a los explotadores y opresores.
