India: Declaración del Frente Estudiantil Revolucionario (RSF) en solidaridad con los estudiantes que protestan en la LPU.

A continuación compartimos una traducción no oficial de una declaración emitida por el Frente Estudiantil Revolucionario (RSF) el 29 de septiembre.

Estudiantes de la Lovely Professional University (LPU), en Punjab, protestan desde el 25 de septiembre tras la presunta violación de una estudiante en la residencia femenina el 24 de septiembre por parte de un empleado del lugar. Según los testimonios estudiantiles, cuando la víctima se dirigió a la encargada de la residencia, supuestamente la presionaron para que no denunciara el hecho y le prometieron una calificación de 10 CGPA si guardaba silencio y regresaba a su habitación. Posteriormente, la joven se derrumbó e intentó suicidarse. Existen versiones contradictorias sobre lo que le sucedió después, incluyendo si falleció, sobrevivió al intento o desapareció. Las autoridades universitarias negaron inicialmente que se hubiera producido ninguna violación. Tras las protestas, la policía registró una denuncia por violación contra una persona no identificada y constituyó un equipo especial de investigación. Los estudiantes también han denunciado que la encargada de la residencia femenina hizo el reprobable comentario de que las violaciones pueden ocurrir si las chicas dejan las puertas abiertas.

En lugar de abordar la presunta agresión sexual y la negligencia institucional, la administración respondió con represión policial. El 26 de septiembre, matones ajenos al campus, presuntamente afiliados al BJP-RSS, una organización fascista hindú de corte brahmánico, entraron y, según los informes, atropellaron con vehículos a estudiantes que protestaban, hiriendo gravemente a algunos. Los estudiantes denunciaron además que, la noche del 27 de septiembre, estos individuos atacaron la residencia femenina, prendieron fuego a los alrededores, rompieron puertas e intentaron entrar en las habitaciones, lo que supuso una grave amenaza para las estudiantes. Estas acusaciones deben ser investigadas de forma independiente y los responsables deben ser procesados.

La administración, encabezada por el fundador y rector de LPU y diputado del BJP, Ashok Kumar Mittal, no puede eludir su responsabilidad. La universidad, con el respaldo del aparato estatal, desplegó un gran contingente policial contra los estudiantes que protestaban. A pesar de ello, los estudiantes resistieron, bloquearon la carretera nacional NH-44 y continuaron su protesta. Posteriormente, LPU suspendió las clases durante diez días a partir del 28 de septiembre y pospuso indefinidamente los exámenes de mitad de semestre, mientras que el servicio de internet móvil en el campus se suspendió hasta la noche del 28 de septiembre.

Este incidente debe entenderse dentro del contexto más amplio de la violencia organizada contra las mujeres en la India. La Oficina Nacional de Registro de Delitos (NCRB) registró 448.211 delitos contra las mujeres en 2023, incluyendo 29.670 casos de violación registrados. Estas cifras representan solo los casos denunciados y, por lo tanto, no reflejan la magnitud total de la violencia sexual contra las mujeres. Un análisis de ADR de 4.693 declaraciones juradas electorales reveló que 151 diputados y legisladores en ejercicio habían declarado casos relacionados con delitos contra las mujeres, incluyendo 54 del BJP. Dieciséis habían declarado casos relacionados con violaciones, incluyendo 5 del BJP. Estos son solo los casos denunciados. Estas cifras exponen la brecha entre las afirmaciones de “proteger a las mujeres” y “beti bachao beti padao” (salvar a la niña, educar a la niña) y la criminalización e impunidad que rodean la violencia contra las mujeres.

La violación no puede reducirse a la “lujuria” individual ni al instinto biológico. Tiene sus raíces en relaciones socioeconómicas patriarcales que cosifican a las mujeres, controlan su sexualidad y las reducen a instrumentos de trabajo y reproducción. La culpabilización de las víctimas, la vigilancia moral, los toques de queda en las residencias estudiantiles y la vigilancia trasladan la responsabilidad a las mujeres en lugar de confrontar las estructuras que generan violencia contra ellas. Un campus verdaderamente seguro requiere instituciones democráticas, mecanismos independientes para denunciar la violencia sexual, protección para las sobrevivientes y rendición de cuentas por parte de las autoridades.

La violencia sexual también ha funcionado repetidamente como instrumento de dominación de casta, comunal y política, desde la violencia contra las mujeres cachemires hasta la violencia sexual basada en la casta contra las mujeres dalit y la persecución de mujeres de comunidades oprimidas. En su obra «Seis épocas gloriosas de la historia de la India», el ideólogo del Hindutva, Savarkar, se aborda la violencia sexual contra mujeres «enemigas» como una forma de represalia comunal. Esta concepción reaccionaria y patriarcal del cuerpo de la mujer como instrumento de venganza comunal forma parte de la historia ideológica del Hindutva. El reiterado encubrimiento y el apoyo político brindado a los acusados ​​o condenados por violencia sexual evidencian aún más la brecha entre la retórica del BJP-RSS sobre la seguridad de las mujeres y su práctica política real.

La administración de la LPU y el aparato estatal deben responder: ¿Qué le sucedió a la sobreviviente? ¿Se ocultó su denuncia? ¿Por qué se negó inicialmente la acusación? ¿Quién atacó la residencia femenina? ¿Quiénes eran los intrusos que ingresaron al campus y qué papel desempeñaron en la violencia? Estas preguntas no pueden quedar silenciadas bajo el despliegue policial, los cortes de internet o la suspensión de clases.

EXIGIMOS:

1) Justicia para la sobreviviente y protección total de su dignidad, privacidad y seguridad.

2) Una investigación independiente y transparente sobre la presunta violación, incluyendo el papel de las autoridades del albergue y la supuesta supresión de la denuncia.

3) Una investigación completa sobre el estado y el paradero posterior del superviviente, esclareciendo todas las versiones contradictorias.

4) Responsabilidad de todos los funcionarios universitarios responsables de negligencia, encubrimiento o culpabilización de las víctimas.

5) Identificación y enjuiciamiento inmediatos del presunto violador.

6) Identificación y enjuiciamiento de todos los ajenos al BJP-RSS responsables de agresiones, intimidación, incendios provocados o ataques contra la residencia de estudiantes femeninas, si así se determina mediante la investigación.

7) Una investigación independiente sobre la entrada de personas ajenas a la comunidad y el presunto intento de provocar y generar violencia dentro de la protesta estudiantil. El fin de la represión policial contra los estudiantes que protestan. Participación democrática de los estudiantes en las políticas de seguridad del campus en lugar de mayor vigilancia, toques de queda y control policial de las mujeres.

9) Responsabilidad de la administración de LPU, incluido Ashok Kumar Mittal, por su manejo de las quejas de los estudiantes.

10) Reprogramación adecuada de los exámenes aplazados y restablecimiento de las instalaciones académicas.

Como escribió la camarada Anuradha Ghandy: «Al propagar la idea de que la naturaleza femenina es no violenta, se desalienta a las mujeres a convertirse en luchadoras en la batalla por su propia liberación y la de la sociedad». Los estudiantes de LPU se han negado a guardar silencio. Aplaudimos su lucha contra la violencia sexual y la negligencia institucional, a pesar de la represión. El Frente Revolucionario Estudiantil (RSF) se solidariza con los estudiantes que protestan y hace un llamado a los estudiantes, jóvenes y a todas las organizaciones e individuos democráticos, progresistas y antifascistas para que no solo esperen justicia del Estado, sino que construyan una resistencia masiva, unida y combativa contra este brutal incidente y organicen reuniones de protesta, manifestaciones, reuniones en las calles y grupos de autodefensa contra la violación en los campus universitarios.