Perú: Dos semanas de la ocupación de la Universidad de San Marcos
A continuación compartimos una traducción no oficial de un artículo publicado por A Nova Demcoracia (AND) el 26 de mayo.
Los estudiantes desafían a la rectoría y al viejo Estado peruano, y mantienen la ocupación en San Marcos desde hace
Los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), bajo la coordinación de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y de diversas agrupaciones estudiantiles, mantienen ocupada la Ciudad Universitaria, en Lima, desde el 12 de mayo. Con barricadas y control de los accesos por parte de las bases estudiantiles, la movilización busca impedir el proyecto de ley (PL) 12.736, apodado Ley “Jerí Ramón”, que permitiría la reelección inmediata de rectores y decanos. La ocupación paralizó las actividades académicas presenciales y obligó a la creación de una mesa de mediación tras la dimisión de la mayoría del Comité Electoral Universitario.
La creación de la mesa de diálogo, prevista para el 26 de mayo con la intervención de la Defensoría del Pueblo, fue presentada por los estudiantes como una victoria táctica de la ocupación. El anuncio oficial se produce precisamente dos semanas después del inicio de la ocupación del campus de la llamada Ciudad Universitaria, una respuesta directa y firme de los gremios estudiantiles contra las maniobras continuistas atribuidas a la rectora Jerí Ramón, cuyo grupo busca perpetuarse en la administración de la universidad más antigua del continente a través de contrarreformas legislativas espurias promovidas por el Congreso.
Como parte de esta escalada de resistencia por parte de los estudiantes, la Asamblea Universitaria, reunida de forma extraordinaria el 22 de mayo, se vio obligada a aceptar la dimisión irrevocable presentada por la mayoría de los miembros del Comité Electoral. Siete de los nueve miembros de este órgano burocrático, incluidos el presidente y el secretario, abandonaron sus funciones dos días antes alegando explícitamente que no existían garantías institucionales y operativas para continuar con el proceso electoral cuestionado por los estudiantes y dirigido por el rectorado.
Con el fin de unificar la postura de los estudiantes y dar continuidad a la ocupación, la FUSM adoptó, el 23 de mayo, una resolución aprobada en la Asamblea General de Estudiantes, que ordenaba el cierre total de todas las puertas y accesos al campus, prohibiendo la entrada de personal administrativo, técnico y docente, así como la circulación de vehículos ajenos al colectivo estudiantil organizado. En un comunicado oficial, afirmaron que “estas medidas representan la culminación de nuestra lucha organizada, emprendida para que se nos escuche y se respeten nuestras reivindicaciones”.
La ocupación que paraliza la universidad desde hace dos semanas tiene su origen en la imposición del controvertido proyecto de ley 12736, presentado en octubre de 2025 por el diputado Edgar Tello, cuyo texto, en debate en el Congreso, tiene por objeto legalizar la reelección inmediata de rectores y decanos en todas las instituciones de enseñanza superior pública de Perú. Además del cambio sobre la reelección, los estudiantes denuncian que el rectorado intentó elevar al 20 % la cláusula de barrera electoral exigida para la representación estudiantil en los órganos de cogestión, con el fin de debilitar la posibilidad de un cogobierno estudiantil, además de imponer votaciones íntegramente virtuales.
Represión policial e intento de criminalización
El pasado fin de semana, la federación estudiantil se vio obligada a emitir una alerta pública en la que denunciaba la difusión de archivos de audio manipulados en los que, mediante herramientas de inteligencia artificial, se había falsificado burdamente la voz de un representante de los estudiantes. Según la FUSM, la maniobra se produjo poco después de las alertas sobre la posible invasión del campus por parte de vándalos y agentes de las fuerzas de represión, y tendría como objetivo difundir desinformación, debilitar la cohesión estudiantil y desestabilizar el mando de la ocupación.
La nota de la FUSM repudió el “intento de desacreditar a los líderes con el objetivo de sembrar la desconfianza entre los estudiantes. Alertamos que estas prácticas deshonestas son comunes; algunos llegaron incluso a utilizar imágenes de las cámaras de seguridad de la universidad para acusarnos de ser “responsables” y, de este modo, criminalizarnos”.
Paralelamente a la violencia y los fraudes digitales, las autoridades académicas impusieron el cierre administrativo de las aulas presenciales, trasladando de forma obligatoria los cursos de grado a plataformas digitales de enseñanza a distancia. Los estudiantes señalaron esta medida como una estratagema para reducir la convivencia en el campus y debilitar la organización estudiantil.
El Centro Federado de Ciencias Sociales y Humanas se pronunció en contra de la medida, denunciando su carácter político, exigiendo transparencia financiera y cuestionando el destino de los fondos universitarios retenidos durante la suspensión de las actividades presenciales. En un comunicado, la organización preguntó: “¿A dónde va el dinero? Cada vez que se suspenden las clases, ¿a dónde va el presupuesto no utilizado, tanto para combustible como para el comedor de la universidad? ¿Qué se está haciendo, de hecho, con ese dinero?”.
La precariedad de la enseñanza pública y la lucha en Jaén
La lucha estudiantil que sacude Perú se extiende a otras provincias, poniendo de manifiesto la situación crónica de abandono y precariedad que afecta a la educación en el país. En la provincia de Cajamarca, los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén mantienen el campus totalmente ocupado desde el 10 de mayo debido a la suspensión del servicio de comedor universitario, una negligencia que se arrastra desde el inicio del curso académico en marzo y que perjudica directamente a más de cuatrocientos cincuenta alumnos que dependen de esta asistencia básica para garantizar su permanencia en la universidad.
Ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, la titular del Ministerio de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, ofreció explicaciones la semana pasada sobre los conflictos en Jaén y San Marcos. La ministra invocó la autonomía constitucional universitaria en el caso de Lima y atribuyó el colapso del comedor en Jaén a trabas burocráticas ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, limitándose a prometer una evaluación de las exigencias estudiantiles de destitución inmediata del Comité Organizador local.
Paralelamente, las protestas se extendieron a la Facultad de Educación Física de la propia Universidad de San Marcos, situada en el distrito de La Victoria. Los estudiantes se movilizaron contra las denuncias de asaltos, extorsiones y cobro de propinas por parte de bandas criminales que asolan los alrededores del campus. Ante las denuncias de inseguridad física, la respuesta ofrecida por el rectorado se limitó a autorizar la entrada de motocicletas privadas en las aulas, una medida calificada de insensata y ultrajante por los estudiantes.
